El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abrirá uno de los mercados más grandes del mundo, pero también impondrá exigencias ambientales, legales y operativas inéditas para las empresas de la región. Sin preparación, se expondrán a riesgos importantes que pueden afectar seriamente sus negocios.

No hay duda que la firma del acuerdo de establecer un mercado común entre los bloques es un hito importantísimo y una oportunidad de crecimiento extraordinario para el comercio multilateral entre todos los países de los dos continentes.

Aun si hoy hay resistencia de algunos sectores, sobre todo europeos, por el potencial impacto negativo que podría tener (particularmente sobre los productos agropecuarios), no cabe duda de que el acuerdo será aceptado y empezará a aplicarse en algún momento de 2027.

La eliminación gradual de aranceles y las inversiones en productos y servicios para atender la demanda, abre un canal de negocios crítico para el crecimiento de las economías de los miembros el Mercosur, como así también para el acceso a materias primas para los productores europeos, disminuyendo restricciones que hoy y en el futuro pueden afectar sus industrias.

Sin embargo, es importante no dejarse llevar solo por los enunciados positivos de semejante nuevo espacio comercial y sí entender que resulta clave prepararse adecuadamente para lograr esos beneficios y no morir en el intento.

Estos acuerdos siempre llegan con una carga de cumplimiento de estándares rigurosos y la aceptación de nuevos riesgos que todo productor y/o intermediario de bienes y servicios debe tener en cuenta para evitar impactos negativos que generen pérdidas por imprevisión, errores involuntarios, responsabilidades ampliadas o simple desconocimiento.

Empecemos por analizar algunos aspectos que aún generan controversia como los compromisos ambientales y la protección nacional.

Desde hace años, la UE ha creado normas estrictas de sustentabilidad a sus propias industrias que no serán menos exigentes para aquellos que quieran ingresar con productos extranjeros. Ya rige formalmente el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM por sus siglas en inglés) que busca evitar la fuga de carbono o greenwashing. Este mecanismo establece que quienes pretenden ingresar productos en el mercado europeo deben cumplir con la misma normativa en exigencias de medición y compensación de la huella de carbono del fabricante.

Cada día se habla más del “pasaporte de sustentabilidad” que exige un riguroso cumplimiento y trazabilidad sobre cualquier actividad basados en los Principios Claves de Naciones Unidas para la Sustentabilidad, que incluyen medidas de derechos humanos, laborales, medio ambiente, anticorrupción e integración, basados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y el Pacto Mundial.

Estas normativas, de escasa auditoría y exigibilidad en Latinoamérica, serán críticas para establecer un régimen y procesos de comercio, generando exigencias previas y posteriores a quienes inicien contratos de provisión de bienes y servicios con la UE.

Si alguien tiene duda que la resistencia de sectores europeos -que hoy se manifiesta por las acciones para invalidar el acuerdo, seguirán una vez aceptado y en proceso de realización- habría que recomendarle no embarcarse en esta oportunidad de ampliación de sus mercados. Habrá imputaciones, denuncias, evaluaciones in situ y un sistema de verificaciones precisas de cumplimiento al más mínimo detalle que pueden producir rechazos de mercadería, multas y sanciones, incumplimientos de contratos con sus respectivos costos adicionales para la solución de estos contratiempos.

De la misma manera, si bien en líneas generales las responsabilidades de los fabricantes pueden ser semejantes en uno u otro territorio de origen y destino, es importante entender que las determinaciones de eventuales daños y perjuicios por la responsabilidad civil por productos y servicios pueden variar significativamente por jurisdicción y con costos muy diferentes en materia de gastos de litigación. De la misma manera la responsabilidad de directores y funcionarios de las empresas exportadoras pueden ser sustancialmente distintas cuando son medidas por la jurisprudencia europea.

El análisis de la oportunidad comercial no puede estar desligada del entendimiento que también se asumen los riesgos de destino de las mercaderías o los servicios que pueden prestarse.

Esto demandará de los productores del Mercosur un trabajo que puede llevarle años de preparación y evaluación para estar preparados antes de embarcarse en una actividad y no correr el riesgo que un imprevisto no solo le impida cerrar un negocio, sino que le cause un daño irreparable que pueda poner en peligro la continuidad de su operación.