Si hay algo que no se le puede negar al gobierno de Javier Milei es coherencia en su idea rectora de romper todo el Estado en pos de la “batalla cultural”. Fortalecido por un respaldo popular que debiera llamar a la reflexión, el oficialismo libertario busca imponer un modelo de país en el que las solidaridades básicas, muchas manchadas por años de malas prácticas, es cierto, son consideradas gastos que no merecen financiamiento y no un bien social que hay que defender y mejorar.

Apenas asumida la nueva legislatura, con el resultado del gran respaldo electoral que obtuvo el oficialismo, el mensaje es claro, van por todo y usan las malas artes que venían a desterrar. Y esta vez con el voto popular, con el respaldo de una mayoría en la que no hacen mella los datos negativos, que lo hay a manos llenas. Habrá que hacerse cargo, analizar y entender el nuevo escenario marcado por el retroceso en pautas sociales que se creían consolidadas.

Mientras tanto, la oposición es un camino de hormigas pisoteado por chicos malos. Cada quien hace la suya y cuida su pedacito de hoja, sin rumbo ni objetivo, desoyendo que las variables de la economía real son cada vez más alarmantes.

La capacidad instalada cayó al 61% en octubre, el peor nivel desde 2002. Es decir, la flexibilización laboral que impulsa el gobierno con sus aliados circunstanciales lejos de dinamizar la producción sólo abaratará los despidos.

Sin consumo no hay inversión de crecimiento. Si de pronto un nuevo shock digitado por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, produjera el milagro de reactivar la economía real en lugar de la financiera, los empresarios en lugr de salir a comprar tecnología enchufarían las máquinas apagadas.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) son contundentes: entre 2023 y 2025 cerraron 19.114 empresas, con un costo estimado de más de 264.000 puestos de trabajo.

Estos números significan que hay 29 Pymes que cierran cada día, casi 400 personas que pasan a diario a engrosar la lista de desocupados. Durante los últimos cuatro meses la Secretaría de Trabajo contabilizó 49.000 puestos menos de empleo en el sector privado. 

La Unión Industrial Argentina (UIA), en vez de festejar su viejo anhelo de una reforma laboral que abarate los costos de producción manifiesta su preocupación porque el 47,5% de los industriales tiene problemas de incumplimientos, según una encuesta propia,  el 29,3% tiene dificultades para hacer frente a los impuestos y el 26,7% para pagar a los proveedores.

Así y todo, en medio de este escenario que tiende a profundizarse, el gobierno libertario recibió un espaldarazo en las urnas que le permite ahora, con mucha más fuerza en el Congreso, salir a profundizar las reformas a toda máquina.

La celeridad es entendible, porque los datos económicos de la crisis no permiten ver una foto social tranquila. Pasado el verano, cuando el porcentaje minoritario de quienes puedan vacaciones hayan gastado los dólares baratos en las playas de Brasil, como pasó en los ‘90s con el menemismo, no es ilógico pensar en que haya un incremento de los problemas sociales. 

La actitud de los libertarios hacer recordar a Cristina Fernández de Kirchner cuando en 2011, mareada con las mieles de su reelección con el 54% de los votos, anunció que “vamos por todo”. 

Todo es cíclico, todo concluye al fin, como decía una vieja canción de fogones juveniles. La soberbia es mala consejera, lo saben, y por eso van a la carga para avanzar lo más posible en la destrucción del Estado tal y como se lo conoce para que el punto de partida, cuando se alineen los planetas para empezar la reconstrucción, sea lo más bajo posible.